La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas omisiones durante el proceso de intervención de la empresa Air-e.

La medida también cobija a los exagentes interventores Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, además del exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

Lea aquí: Defensoría alertó de combates entre grupos armados en zona afectada por terremoto

De acuerdo con el ente de control, en su condición de agente especial, Palma habría incurrido en presuntas conductas omisivas de incumplimiento en el traslado de recursos de alumbrado público; incumplimiento en reportes regulatorios al SUI, XM, y CREG; además de presuntas prácticas irregulares de facturación heredadas sin corrección.

En el caso del exSuperservicios Felipe Durán, la Procuraduría dijo que cuenta con el mayor número de omisiones documentales en seguimiento, todas con presunto carácter “continuado y agravado” a lo largo de los tres períodos de intervención de la compañía de servicios públicos.

Destacó temas como una supuesta ausencia de un plan estructurado de intervención y solución empresarial; presunta omisión en la provisión de recursos y en la gestión de la deuda postoma y una, al parecer, omisión en el suministro de información a los órganos de control.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede. 

Por su parte, a la exinterventora Diana Bustamante se le investiga por las presuntas conductas omisivas de incumplimiento regulatorio persistente como reportes pendientes y permiso de poda vencido, así como también supuestos pasivos ambientales sin legalizar en 12 líneas de alta tensión.

Asimismo, se le investiga por presunto reporte de activos inexacto ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por $21.000 millones, “reportados como operativos sin estarlo”.

“Los hallazgos relativos a la ausencia de solución empresarial, el retraso en el giro de subsidios, el deterioro del IPT y el patrimonio neto negativo durante la intervención estatal presentan condiciones de calificación gravísima que deben ser verificados en la indagación previa”, destacó la Procuraduría en su decisión.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas en este caso.